Colombia es un país marcado por la violencia, lleno de heridas abiertas, cicatrices que todavía duelen, desesperanzado y que en muchos aspectos ha perdido el norte. Hemos sido gobernados durante más de 30 años por funcionarios que fomentan y protegen el narcotráfico, para quienes la vida de los ciudadanos no vale ni significa nada. Han apoyado y protegido las masacres y los desplazamientos de ciudadanos, principalmente campesinos y población étnica, que son dueños y habitantes de territorios que los narcos y nuestros gobernantes necesitan para ganadería extensiva, agricultura, minería y para acaparar recursos hídricos, además de servir como rutas de tráfico de drogas, armas o personas.
El gobierno, en muchos de sus estamentos y principalmente en las fuerzas armadas, ha fomentado, apoyado y permitido que sus funcionarios participen en estas actividades ilícitas que vulneran la vida y la integridad de los ciudadanos, a quienes se supone deberían proteger. Nuestras fuerzas militares han trabajado en equipo con grupos paramilitares en todas las actividades ilícitas: masacres, desapariciones forzosas y desplazamientos. Lo han hecho a través de su silencio, dejando de hacer intencionalmente su trabajo, permitiendo el operar de estos grupos ilegales y, en muchas ocasiones, colaborando directamente con los grupos paramilitares.
Muchos exmilitares, dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, han contado todo esto. Han narrado cómo asesinaron y desaparecieron a personas inocentes, cómo el ejército recibió armas ilegales por parte de grupos paramilitares para realizar sus falsos positivos, cómo armaban operativos falsos donde asesinaban a población civil para decir que realizaron operativos de desmantelación de grupos armados, y cómo se retiraban de los territorios para permitir que llegaran grupos ilegales a masacrar y desplazar campesinos y población étnica. Muchos de estos exmilitares han narrado la realidad de este país, un secreto a voces que el gobierno actual y los anteriores han querido callar y ocultar.
El proceso de verdad y justicia más reciente se dio el 26 de abril, cuando diez militares retirados reconocieron, ante los familiares de las víctimas, cómo asesinaron a sangre fría a 120 jóvenes y ciudadanos inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros caídos en combate. La mayoría de estos jóvenes eran pobres y pertenecían a población vulnerable, quienes para los militares no valían nada debido a su pobreza y vulnerabilidad. Para estos militares esas muertes eran fáciles; familias tan pobres que no tenían cómo buscar a sus muertos, cómo denunciar y a quienes nadie les creería. Familias que no eran escuchadas en los grandes medios de comunicación del país, esa mafia de medios de comunicación que apoya todo el estamento criminal que gobierna nuestro país.
El pasado 26 de abril testificaron dos miembros importantes del ejército, el general Paulino Coronado y el coronel Rubén Castro. El general, el uniformado de mayor rango que ha comparecido en la JEP, reconoció que impartía a sus hombres órdenes que fomentaban de manera sistemática los crímenes que se cometieron, y que estas directrices eran una política institucional, en la que primaba el conteo de cuerpos, sin importar si eran civiles inocentes o guerrilleros en combate. Lo importante para mostrar éxito era el número de cuerpos. El coronel reconoció la existencia de una “banda criminal al interior de su brigada“, creada “con el único fin de incrementar las bajas a como diera lugar”. El coronel pidió perdón por haber asesinado a gente buena.
En esa jornada de comparecencias estuvieron presentes 50 familiares de las víctimas. Gracias a estos testimonios, las familias lograron limpiar el nombre de su familiar asesinado, obtuvieron el primer paso de justicia para estos casos, que la mentira de su muerte sea confesada y quede limpio el nombre y el recuerdo del fallecido. Lograr este primer paso es liberador para las víctimas, es un escalón de la justicia que se les negó por décadas tanto a los asesinados como a sus familias. Tuvieron que cargar por años con el estigma de que su familiar muerto era un criminal, cuando eso nunca fue verdad.
El pasado 13 de mayo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le entregó a María Mercedes Jiménez, una madre de 90 años, el cuerpo de su hijo Germán Darío Flórez Jiménez. María Mercedes buscó el cuerpo de su hijo durante 40 años. Un 14 de mayo de 1982, Germán, que tenía 21 años, salió de su casa en Medellín para buscar trabajo. Y desde ese día su familia no supo nada de él. Su madre y hermanos interpusieron en 1982 la respectiva denuncia a las autoridades, que no tuvo eco; ningún policía salió a buscarlo. Pero, durante 40 años, María Mercedes y sus hijos han buscado a Germán, y 40 años después la JEP les entregó su cuerpo.
¿Cómo encontró la JEP a Germán Flórez después de cuarenta años? Un exsoldado perteneciente al entonces Batallón de Contraguerrilla 79 compareció ante la JEP y confesó miles de asesinatos y desapariciones que el ejército cometió hace 40 años para presentarlas como bajas en combate. La identidad del exmilitar que declaró ante la JEP se mantiene en reserva, debido a que el Grupo de Protección de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) considera que su vida e integridad se encuentran en alto riesgo.
Gracias a este exsoldado que decidió comparecer ante la JEP, María Mercedes recibió el cuerpo de su hijo, pudo llorarlo y darle sepultura junto a su familia. Gracias al relato de este exsoldado, la JEP encontró en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, varias fosas comunes y tumbas sin nombre donde el ejército nacional enterró a miles de colombianos inocentes, que desapareció y asesinó para mostrar como exitosas sus operaciones militares.
La práctica de falsos positivos lleva más de 40 años dentro del ejército y gobierno colombiano. Nuestro país lleva décadas gobernado por asesinos, todos pertenecientes a la misma sociedad narcotraficante y paramilitar. Unas fuerzas armadas corruptas desde hace más de 40 años, a las que no les importan las vidas de los colombianos, y menos si son campesinos, pobres y vulnerables, esos no valen nada. Durante 40 años una familia buscó sin darse por vencidos a su hijo y hermano; el 13 de mayo supieron la verdad: fue asesinado a balazos por el ejército nacional para mostrar su cuerpo como un resultado exitoso. El ejército lo tiró en una fosa común, la JEP la identifica como la fosa común número 20 dentro del cementerio de Dabeiba, Antioquia.
Si la JEP no existiera, este exsoldado jamás hubiera comparecido ante ningún ente del gobierno, porque simplemente lo hubieran asesinado. Gracias a la JEP, madres como María Mercedes Jiménez pueden encontrar a sus hijos, saber qué pasó con ellos y darles un entierro digno. Hoy, después de 40 años de búsqueda, la familia de Germán encontró algo de paz; pueden hacer un duelo e intentar sanar tanto dolor.
Pero el tema de la justicia y la verdad es mucho más complejo y difícil. El detonador que me motivó a escribir esto fue la película que recientemente vi en Netflix, “El precio del perdón” de 2017. Es una película ambientada en el proceso de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación que dirigió Desmond Tutu. Ver la película me removió recuerdos y sentimientos personales. Me he leído dos libros de Desmond Tutu: el primero fue “Sin perdón no hay futuro”, publicado en 2012, y “El libro del perdón”, publicado en 2017, que escribió con su hija Mpho Tutu. Ojalá los colombianos se leyeran uno de esos dos libros.
En Sudáfrica se realizó un proceso de paz más complejo que el nuestro; el país logró justicia, verdad, perdón y reparación. Nuestro modelo de proceso de paz y la JEP están basados en el aprendizaje de Sudáfrica. Casi todos los procesos de paz de muchos países toman como punto de partida la experiencia de Sudáfrica. Desmond Tutu visitó Colombia en 2005, estuvo en Cali durante el Primer Simposio Internacional de Justicia Restaurativa, y compartió su experiencia en lo que sería una visualización de un futuro proceso de paz.
¿Por qué el presidente eterno y sus copartidarios se opusieron al proceso de paz? ¿Por qué no aceptan la JEP y todos sus procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición? Las respuestas son simples: porque con la JEP se destapa la verdad de este narco país criminal, la verdad que no quieren que salga de esa fosa donde la enterraron, porque toda esa violencia y muerte tienen sus bases dentro de los estamentos del estado, que se supone que tienen como misión protegernos, pero que durante décadas han hecho todo lo contrario. ¿Por qué nunca han aceptado el proceso de paz? Porque necesitan un país violento para justificar las acciones violentas que comete el estado, porque necesitan una nación con miedo para seguir delinquiendo.
Dentro de este proceso de paz, de verdad, justicia y reparación, las víctimas son el eje principal. Saber qué ocurrió, cómo, dónde, por qué, y encontrar el cuerpo de sus familiares es lo que más necesitan las víctimas para poder sanar, perdonar, hacer duelo y seguir viviendo con una carga menos pesada. Como sociedad, como colombianos, tenemos un inmenso deber moral hacia todos nuestros compatriotas víctimas de este conflicto armado. Yo creo que la paz es posible y nunca voy a pensar lo contrario. Tenemos que ser capaces de creer en la paz y en la construcción de sociedades no violentas y justas.
El proceso es complejo; son muchos actores violentos desde las fuerzas militares, el gobierno, grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales y ciudadanos civiles que ejercen posiciones políticas de poder. El gobierno debe tratar que todos estos victimarios dejen la violencia, se acerquen hacia un proceso de paz e ingresen en la JEP. Esto es algo que no hizo el gobierno de Iván Duque, quien extraditó lo más rápido posible al líder de un grupo criminal que podía participar en un proceso de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, lo que Otoniel podía decir involucraba a actores del estado, fuerzas militares y figuras de poder político. Su extradición fue su forma de silenciarlo, de ocultar la verdad que muchas familias y que los colombianos necesitamos.
Extraditaron a Otoniel y ahora quieren extraditar a su hermana, llevándose con ellos la posibilidad de la verdad y la justicia para decenas de colombianos víctimas de este grupo criminal. También se pierde la oportunidad de conocer la responsabilidad de los gobernantes y las fuerzas armadas en todas estas muertes, desapariciones, desplazamientos y masacres.
Yo soy víctima de la violencia, reconocida oficialmente por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Mi familia y yo recibimos un proceso de reparación integral durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Mi padre fue asesinado en los 80 por un grupo armado ilegal. El único proceso de reparación que no hemos tenido es el de la verdad. Aún no ha comparecido ante la JEP ninguna de las personas responsables del asesinato de mi papá. Una vez quiso comparecer uno de ellos, pero la JEP no lo admitió.
El proceso de verdad es tan importante dentro de la sanación como sociedad porque permite a las víctimas desahogar su dolor, escuchar la verdad, las explicaciones, razones y, por supuesto, escuchar de parte de los victimarios una solicitud de perdón, teniendo la capacidad como familias de perdonar. Como sociedad colombiana necesitamos pedir perdón y ser perdonados para construir las bases de un país pacífico, digno y justo.
En mi caso, sé cómo, cuándo y dónde lo asesinaron; pudimos darle una sepultura digna y acorde a la maravillosa y honesta persona que fue. Mi padre fue una persona con una calidad humana única, en él primaba la ética. Fue precisamente su elevado sentido de la ética y mantenerse como una persona correcta lo que provocó su asesinato. En su funeral le rindieron honores y asistió la cúpula política y militar del país en ese momento. Recuerdo vívidamente sus tres días de cámara ardiente y los diversos momentos en que le rindieron honores.
Pero esa sepultura digna de mi padre es la misma sepultura digna que debieron y deben tener todas las víctimas de falsos positivos y del largo historial de masacres. Todos esos jóvenes humildes, que ilusionados cayeron en los engaños de las fuerzas militares y fueron asesinados a sangre fría.
Esa misma sepultura digna y con sus nombres limpios es la que merecieron y merecen las más de 6 mil personas asesinadas por el estado, a quienes tiraron en fosas comunes y difamaron haciéndolos pasar por criminales.
Colombia tiene una deuda inmensa con más de 6 mil ciudadanos y sus familias, que aún hoy son revictimizadas por un estado que se niega a reconocer estos crímenes, que descalifica el proceso, que lo sabotea y que no desea que continúe.
A mí me cuesta mucho trabajo entender a las personas que no aceptan la JEP, no comprendo porque niegan la posibilidad de construir un país basado en la justicia, la verdad y el perdón. No entiendo como defienden un gobierno y políticos que quieren seguir llevando a Colombia por el camino de la muerte y la guerra, muchas de esas figuras políticas son responsables de masacres, desapariciones y falsos positivos.
A mí me cuesta mucho trabajo entender a las personas que no aceptan la JEP. No comprendo por qué niegan la posibilidad de construir un país basado en la justicia, la verdad y el perdón. No entiendo cómo defienden a un gobierno y a políticos que quieren seguir llevando a Colombia por el camino de la muerte y la guerra; muchas de esas figuras políticas son responsables de masacres, desapariciones y falsos positivos.
Me cuesta mucho entender cómo amigos y conocidos no les importa esta Colombia, la que está herida por la violencia. Son indiferentes, justifican al ejército, defienden a los políticos que son paramilitares y narcotraficantes. Las víctimas de la violencia en nuestro país no tienen estrato social, pero indiscutiblemente son los más vulnerables quienes reciben la mayor parte de ella. Y a nuestra sociedad colombiana clasista, elitista e indiferente no le duelen los muertos pobres, y menos si son de comunidades étnicas; ni siquiera los consideran ciudadanos.
Desmond Tutu tiene una frase muy famosa: “Si eres neutral en situaciones de injusticia es que has elegido el lado opresor”. Parece que la mitad de Colombia está del lado opresor.
Aquellos que no somos neutrales ni indiferentes, y que nos duele cada colombiano víctima de esta estructura de violencia que gobierna nuestro país, tenemos la posibilidad de intentar un cambio este próximo 29 de mayo, la posibilidad de quitarle el poder a esta mafia de asesinos y narcotraficantes que han teñido de sangre la tierra de nuestro país. Es ahora cuando podemos comenzar un cambio.
